El fiscal los acusó de fondear las pérdidas de una corredora de granos con fondos de ahorristas de una sociedad bursátil, ambas del grupo.
Ocho integrantes del directorio en pleno de la empresa bursátil y corredora de cereales Guardati y Torti SA fueron imputados de administración fraudulenta acusados de haber utilizado indebidamente dinero de inversores de la primera para soportar el quebranto que ocasionó la caída del complejo de agronegocios Vicentin en la segunda. El síndico del concurso de acreedores de la empresa fue imputado además de partícipe necesario de la maniobra adjudicada.
El fiscal Sebastián Narvaja acusó a los miembros de la empresa del delito económico en una audiencia concretada por zoom este martes al mediodía, en la que ninguno de los directivos imputados, según sus derechos constitucionales, hizo uso de la palabra. No hubo reclamo para ellos de medidas restrictivas de la libertad de parte del fiscal.
El incidente investigado se conecta con la crisis financiera del grupo Vicentin, que arrastró en febrero del año pasado a la corredora de cereales Guardati y Torti, titular del acopio GYT Plus SA, que entonces anunció su dificultad para afrontar el “cumplimiento temporario de las obligaciones asumidas” con sus inversores.
Narvaja señaló que la empresa GT SA que controla Guardati y Torti es una sociedad de Bolsa (técnicamente denominadas ALyC) que tenía como clientes a ahorristas que invertían allí su capital en activos como bonos, acciones u otras variantes. A la vez los mismos socios tienen una acopiadora de granos y corretaje llamada GYT Plus SA.
Uno de los imputados es el presidente del directorio, Angel Torti, quien hasta el momento en que trascendió la investigación era vocal de la Bolsa de Comercio de Rosario, cargo al que en esa ocasión renunció.
Las maniobras ilícitas que les adjudica el fiscal consiste en operaciones de transferencias bancarias y de compraventa de dólares y de títulos valores de parte de la sociedad bursátil GT SA para fondear las operaciones de la firma GYT Plus SA, con conocimiento que ésta se encontraba en cesación de pagos. Eso se hizo según la imputación en provecho exclusivo de la corredora de cereales que, según el balance correspondiente al 30 de setiembre de 2019, contaba con un pasivo corriente de 1.697 millones de pesos y un patrimonio negativo de algo más de 746 millones de pesos.
«Se trataba de una empresa en cesación de pagos que de ningún modo habría podido cubrir el fondeo provisto por GT SA», señaló Narvaja en la imputación. De acuerdo al fiscal, al concretar estas acciones los miembros del directorio causaron una pérdida de liquidez y un daño patrimonial en la sociedad bursátil, que implicó una denuncia penal de 42 inversores, que hasta el día de hoy no recuperaron sus ahorros.
Balances tocados
El fiscal imputó además un segundo hecho a los miembros del directorio consistente en haber certificado y autorizado el balance del ejercicio finalizado al 30 de septiembre de 2019 incompleto y con información falsa, reflejando una situación que no se correspondía con la realidad económica de la sociedad de bolsa GT SA.
Esa omisión de información fue según el fiscal una acción ilícita que intentó continuar disimulando la verdadera imagen de la historia patrimonial de la empresa, en beneficio propio y en perjuicio de los ahorristas afectados. Por esto se imputó a los nueve integrantes de la empresa el delito de confección, aprobación y publicación de balances falsos.
Los defensores de Guardati y Torti, Cristian Scoponi y Lisandro Martínez Gorostiaga, sostuvieron que la propia Bolsa de Comercio ya habilitó a funcionar a las empresas y que no hay delito de parte de los involucrados por el fiscal. Señalaron que frente a las situaciones de dificultad financiera las dos sociedades, tanto la cerealera como la bursátil, se concursaron para afrontar sus obligaciones con los acreedores.
