Fuente: Pagina12.com.ar
La investigación sostiene que en el marco de la crisis y el actual contexto mundial, resulta clave la participación del Estado en el sector de los agroalimentos.
En diciembre de 2019, la empresa Vicentin declaró la cesación de pagos argumentando una situación de «estrés financiero», que derivó en su posterior convocatoria de acreedores. Un trabajo del Centro de Estudios Agrarios analizó los distintos elementos que demostrarían que «no fue estrés, fue estafa», y concluye que la intervención planteada por el gobierno argentino en junio de 2020 hubiera significado el inicio del «camino a la construcción/recuperación de una estructura de comercio exterior del sector que genera más de la mitad de las divisas que se producen en nuestro país». Una decisión de carácter estratégico que, al abandonarse, «fortaleció al bloque dominante y sectores de la oposición», sostiene, con consecuencias negativas sobre la actual estructura de producción, formación de precios y abastecimiento de alimentos en la Argentina.
El estudio, titulado «Vicentin, la Estafa Blanca», describe y repasa los hechos que la situación de la gigante cerealera hasta 2019 de ningún modo permiten sustentar el supuesto estado de «estrés financiero» en diciembre de ese año. En ese ejercicio, tuvo exportaciones por 10 millones de toneladas, lo que la ubicó como cuarta exportadora del país en todo el complejo agroalimentario, y primera en Harinas y aceites. Con una facturación anual de 3000 millones de dólares y un 85% proveniente de la exportación, nada justificaría una crisis en ese año, sostiene el trabajo.
«Entre los acreedores, el Banco Nación es el principal, con una deuda de 310 Millones de dólares. En noviembre de 2019, esta entidad, le otorgó a la empresa 144,9 Millones de dólares adicionales, es decir después de definidas las elecciones presidenciales y antes de asumir las nuevas autoridades, algo a lo que deberían dar explicaciones a las y los argentinos Javier González Fraga, ex presidente del Banco Nación, y Mauricio Macri, ex presidente de la Nación», sostiene el informe.
El trabajo del Centro de Estudios Agrarios recuerda que, tras la cesación de pagos y la apertura de la convocatoria de acreedores, que dejaba un tendal de productores con créditos incobrables y un perjuicio mayúsculo para el Banco Nación (además de compromisos millonarios con bancos del exterior), el presidente Alberto Fernández anunció el 9 de junio de 2020 la intervención de la empresa y la intención de ir hacia su expropiación.
Sin embargo, el 31 de julio, Alberto Fernández anuló el decreto 522/2020 que había dispuesto la intervención de Vicentin.
«La realidad indica que la empresa fue y es líder en la exportación de granos, entre otras cadenas agroalimentarias. Por lo que la expropiación de la misma, y la creación de una empresa público/privada, supondría la participación del Estado Nacional en el mercado del sector agroalimentario argentino de manera integral, abarcando no solo el sector cerealero y oleaginoso con su estructura portuaria, que incluye desde aceites a biocombustibles entre otros; sino también entraría en el sector algodonero; de producción de carnes; bodeguero; producción de miel; e incluso alimentos refrigerados (mercado de yogures)», apunta el estudio en referencia al conjunto de empresas satélites de Vicentin.
«También le permitiría al Estado Nacional tener una empresa testigo y por lo tanto, mejor control sobre los más de u$s21.000 millones que evaden por año las agroexportadoras en Argentina, según el instituto Wider dependiente de Naciones Unidas. O los u$s24.700 Millones al año que menciona el estudio que realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI), en base a datos de 173 países durante 33 años, el cual muestra que la evasión global de las agroexportadoras ronda los u$s650 Mil Millones anuales», apunta. «Es decir, que los dueños de las agroexportadoras evaden casi lo mismo que declaran en materia de agro-exportación, según estos estudios», agrega.
La investigación del Centro de Estudios Agrarios concluye que la decisión de retroceder en la intención de expropiar Vicentin «fortaleció al bloque opositor», expresado en «la alianza de Juntos por el Cambio, respaldada en el poder económico representado en la Asociación Empresaria Argentina, el Grupo de los 6, el Foro de Convergencia Empresaria y la Mesa de Enlace». Sectores que tuvieron un explícito posicionamiento en favor del control de la empresa Vicentin por sus propios accionistas, a pesar de las estafas y demás delitos comprobados, recuerda el informe.
El fortalecimiento de ese sector concentrado «se observa cotidianamente en la discusión en materia de precios de los alimentos, en un contexto de baja de salarios y crisis sanitaria por el COVID-19, transformándolo en el principal flagelo que golpea a las clases subalternas de la Nación». Concluye el estudio señalando que «sin relaciones de fuerzas en lo político, difícilmente se arremeta contra los poderes privilegiados históricamente en nuestro país. La heladera y la mesa, principales aliados en la campaña presidencial de Alberto Fernández, hoy es su gran problema».
