Operaciones irregulares desde 2016 en connivencia con el gobierno de Macri.
Veinte empresas apócrifas, a nombre de personas insolventes, utilizadas por la cerealera para simular pagos. Entrega de granos a Vicentin no documentados y la fuga de divisas que financió el Banco Nación. Un nuevo testimonio.
El controvertido caso Vicentin va agregando ramificaciones y amplía el arco de responsabilidades, a medida que se suman denuncias y evidencias de prácticas delictivas implementadas ya desde bastante tiempo antes del súbito «estrés financiero» (según se autodiagnósticó la empresa) que le atacó en diciembre de 2019, dejando una deuda impaga de aproximadamente 1400 millones de dólares. De la misma, el Banco de la Nación Argentina resultó el mayor perjudicado, con préstamos impagos por cerca de 300 millones de dólares. Justamente, en la causa iniciada por las actuales autoridades del BNA en la justicia federal, se acaba de presentar, pidiendo ser citada como testigo, una funcionaria de AFIP que ofrece elementos que probarían que ya desde el año 2016, la cerealera Vicentin había montado «una usina de facturas truchas» para inflar gastos y engrosar las deducciones impositivas. Los elementos que aportaría la testigo ya fueron puestos a disposición del fiscal de la causa, Gerardo Pollicitas.
El escrito presentado ante el juzgado por la funcionaria (cuyo nombre se solicitó a este diario mantener en reserva) señala, con respecto a los resultados de su propia tarea en la agencia de la AFIP en Reconquista, Santa Fe, la existencia de empresas apócrifas (inexistentes) que simulaban operaciones con Vicentin con el innegable propósito de inflar gastos o desviar fondos.
Se trata de veinte empresas, detectadas en septiembre de 2016, que funcionaban como «usinas» de facturas. Es decir, producían facturas truchas. Las veinte, según declara la testigo voluntaria en su escrito, tenían varios rasgos en común: «los presidentes de todas ellas eran personas físicas domiciliadas en los barrios más humildes de Santiago del Estero. En la constitución de las mismas siempre intervienen las mismas escribanías en toda la documentación, Maricel Ros realiza los contratos sociales, y Pontecelli Mónica Lorena confecciona los certificados de domicilio fiscales».
En el mismo escrito en el que se ofrece como testigo, la funcionaria señala que pudo tomar conocimiento de otros hechos irregulares a partir de su desempeño en el organismo. Relata que «las agencias móviles de Afip iban a todos los lugares donde no había centro de atención, siendo asignada a dicha tarea; a partir de allí tomé contacto con productores agropecuarios que le referían su situación frente a Vicentin SAIC; tomé estas denuncias en los formularios F288, provistos por la AFIP; (pero) pronto sus jefas Roxana Marchetti, y la jefa de esta era Manuela Vicentín, le prohibieron tomar ese tipo de denuncias».
Manuela Vicentín, funcionaria con cargo jerárquico en la AFIP Reconquista, Santa Fe, es integrante del clan familiar propietario de la cerealera que lleva su apellido. Como no podía ser de otra manera en dicha ciudad.
La «situación referida» por los productores agropecuarios a la autopostulada testigo del caso, no era otra que la entrega de los granos a Vicentin para su tratamiento y exportación, pero sin ninguna documentación o pago a cambio. Este tipo de operaciones es usual en el mercado; se conoce como entrega del producto «con precio a fijar». El productor entrega el grano a la cerealera, con lo cual esta última se asegura contar con el producto, y el productor se ahorra el costo de almacenaje. Pero sólo al momento de que la cerealera «disponga» del producto, cuando lo procese para producir harina o aceite, o lo destine a exportación como grano, está obligado a hacer efectivo el pago al productor. pero al precio vigente al momento de esta última operación.
El problema de no documentar la entrega era propio de Vicentin. Por la «confianza» en la empresa familiar casi centenaria, los productores entregaban el grano «de buena fe». Pero a partir de la campaña 2015/2016, Vicentin empezó a concentrar los recursos en el plan de expansión de sus negocios (luego, se sabría, también en trasladar al exterior la localización de sus empresas). Allí empezó a atrasarse en el pago a sus proveedores, entre los cuales las deudas «no documentadas» iban a quedar, reiteradamente, al final en la fila de pagos.
Fue ese año, 2016, cuando Vicentin empezó a incrementar su endeudamiento con el Banco Nación, que así le financió la expansión y fuga de divisas por extranjerización de sus activos y ganancias. El aporte de la testigo que se acaba de ofrecer en la causa –y en los próximos días ampliará las evidencias que está en condiciones de aportar– puede ser fundamental para entender el manejo de Vicentin justamente en esa etapa, la del inicio en paralelo de su expansión internacional y su debacle local. Y ahí es donde entra a tallar la responsabilidad que le cabe a los directivos del Banco Nación en haber permitido el uso de fondos públicos para la monumental maniobra de vaciamiento del grupo.
