El gobierno aumenta la presión sobre los reticentes al obligar a los empleados públicos o privados a acreditar que están inmunizados o someterse a una prueba diagnóstica cada dos días; el incumplimiento acarreará multas y suspensión de empleo y sueldo.
El gobierno italiano prepara un decreto que obliga a todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, a presentar el pasaporte Covid-19, informaron medios oficiales. La medida deberá ser aprobada este jueves por el Consejo de Ministros y deberá entrar en vigor a mediados de octubre.
“El gobierno está listo para introducir el pasaporte sanitario […] Nos dirigimos hacia una medida obligatoria para el sector público y privado”, declaró la ministra de Asuntos Regionales, Mariastella Gelmini, a la emisora pública RaiRadio1.
A partir del 15 de octubre, el llamado “pasaporte verde” será obligatorio en todos los lugares de trabajo, por lo que quedan excluidos los jubilados, amas de casa y desempleados, precisaron los medios italianos.
El objetivo de la medida es incrementar la tasa de vacunados antes del inicio del invierno y evitar que se propague el contagio. Actualmente casi el 75% de la población mayor de 12 años está vacunada en Italia, es decir, 40,46 millones de personas. “La vacuna es nuestra única arma contra el coronavirus”, subrayó Gelmini.
El primer afectado
Italia fue el primer país de Europa afectado por la pandemia que ha causado la muerte de 130.000 personas en ese país, además de generar en 2020 la recesión económica más grave de la posguerra.
La decisión de generalizar el pasaporte sanitario es el resultado de largas discusiones entre el gobierno, los partidos políticos que integran la coalición nacional en el poder y los interlocutores sociales, sindicatos y empresarios. Según los medios de comunicación, la ausencia de un pasaporte sanitario será severamente castigada, pero sin llegar al despido.
Una multa de entre 400 euros (470 dólares) a 1000 euros (1176 dólares) podría ser impuesta para aquellos que no cumplan con esa obligación, según el diario Il Corriere della Sera. Al cabo de cinco días de ausencia injustificada por falta de pasaporte sanitario, a la persona la pueden “suspender” del trabajo y el salario.
Se debate también sobre las pruebas a las que se deberán someter las personas no vacunadas para obtener el pasaporte sanitario. Los sindicatos exigen que el Estado las pague mientras el gobierno teme que con esa posibilidad se desincentive la idea de vacunarse.
En Grecia, desde el 13 de septiembre, los empleados que no se han vacunado de los sectores público y privado deben someterse a pruebas a sus expensas una o dos veces por semana, según la profesión, en una medida diferente a la de Italia.
El pasaporte sanitario es obligatorio en Italia en los lugares públicos, así como en cafeterías, restaurantes, museos, cines, teatros, trenes, ómnibus, subte y taxis.
Agencia AFP
LA NACION
