El magistrado Román Lanzón les prohibió a los 14 imputados por supuesta estafa salir del país y fijó una fianza de US$10.000.000
ROSARIO.- El juez Román Lanzón desestimó los pedidos de prisión preventiva que pidió este jueves a la mañana el fiscal Miguel Moreno contra cinco exdirectivos y el actual presidente de Vicentin, Omar Scarel. El magistrado avaló la imputación contra 14 exdirectivos por supuesta estafa y defraudación que hizo el fiscal y fijó una fianza de US$10.000.000 para los acusados, quienes tienen prohibido salir del país.
Luego de una extensa jornada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde se revelaron escuchas telefónicas y documentos comprometedores contra quienes tenían las riendas de la empresa entre 2017 y 2019 que luego cayó en default, el magistrado prefirió desestimar el planteo del fiscal Moreno, que había pedido la prisión preventiva contra Scarel y otros cinco exdirectivos.
La defensa de los 14 imputados alegó que los directivos de la empresa siempre se mantuvieron a derecho y nunca entorpecieron la investigación. Moreno planteó que la prisión preventiva era necesaria por la elevada expectativa de pena que tienen los imputados, acusados de estafa y defraudación.
El juez impuso una caución de 10.000.000 de dólares que representa el doble de lo que ofrecieron los exdirectivos de Vicentin cuando comenzó la audiencia el martes pasado.
Moreno sostuvo que la empresa realizó una serie de artilugios ilegales antes y después de caer en default el 4 de diciembre de 2019. La defensa de los exdirectivos de Vicentin, encabezada por el letrado Jorge Ilharrescondo, negó los cargos por los que se acusa a los empresarios. También pidió la “prescripción en la investigación de la imputación de balances falsos en 2017 y 2018″.
Moreno desplegó más pruebas en la audiencia al señalar que el “engaño” que protagonizaron los exdirectivos se basaba en “falsear información y ocupar cargos de prestigio”.
Uno de los directivos más complicados en esta causa es el actual presidente de Vicentin. Según el fiscal, Scarel, que en 2019 era el síndico, figura en varias escuchas telefónicas en las que se trasluce sus intenciones de acomodar números de las sociedades vinculantes, simular cambios de directorios y hasta adulterar trámites judiciales.
Esta causa penal llega a esta instancia de imputaciones y posibles detenciones tras más de un año de investigación pero en momentos en que la empresa debe presentar el 16 de diciembre próximo, en el marco de su concurso de acreedores una propuesta de pago a los acreedores, y avanzar en la posible venta de activos que negocia con tres inversores (ACA, Viterra Argentina y Molinos Agro).
La firma concursada, que enfrenta una deuda de 1573 millones de dólares, debía presentar una propuesta para los acreedores el 3 de septiembre pasado, pero al no llegar con los plazos pidió tres meses más de tiempo, algo que avaló el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini.
La causa penal contra los ex y actuales directivos de Vicentin se inició en julio pasado, luego de que varios acreedores presentaran una denuncia, con la representación del abogado Gustavo Feldman. Luego se sumaron los bancos extranjeros, que reclaman una acreencia de 530 millones de dólares. Los bancos acreedores son el IFC (Corporación Financiera Internacional, del Grupo Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole. A este lote de entidades crediticias también se sumó como querellante en Rosario el Banco Macro.
El juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso, dispuso como fecha límite el 20 de noviembre para que la firma presente un plan de negocios y la propuesta de pago a sus acreedores, a la vez que fijó una serie de pautas para el mismo.
