Fiscales de delitos complejos secuestraron celulares de funcionarios y requisaron sedes de la cartera.
Más de diez funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe renunciaron en las últimas horas luego de una serie de allanamientos efectuados en las oficinas de la cartera por presunto espionaje atribuido al ex titular de la misma Marcelo Sain.
Los procedimientos se llevaron a cabo en busca de evidencias sobre espionaje ilegal atribuidos al ex ministro de Seguridad sobre dirigentes políticos, empresarios y periodistas, entre otros.
El viceministro de Seguridad, Germán Montenegro, y otros funcionarios que seguían en la cartera que encabeza Jorge Lagna, pero que habían llegado con la gestión de Sain, se alejaron definitivamente del Ministerio, entre ellos: Maximiliano Novas (secretario de Coordinación Técnica y Administrativa), Emiliano Mongia (subsecretario de Prevención y Control Urbano), Pablo Alvarez (subsecretario de Investigación Criminal), Diego Llumá (subsecretario de Seguridad Preventiva), Carla Pecorini (directora provincial de Centros Territoriales de Denuncias) y Federico Llumá (director de Comunicaciones).
También presentaron su dimisión, Rodolfo Gallardo (director de la Agencia de Investigación Criminal); Sebastián Sánchez (director de Análisis Criminal); Ramiro Cortese (asistente técnico) y Nadia Schujman (asistente técnica).
Asimismo, trascendió que esos funcionarios ya habían puesto a disposición sus renuncias previamente al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en el contexto de la difusión de una fuerte disputa interna entre este sector que respondía a Sain y el que encabeza Lagna.
Justamente, al ahora asesor de Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad nacional podría ser acusado por «haber ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas».
En el allanamiento en Rosario se encontró papel triturado que se presume es efecto de la destrucción apurada de documentos que podrían constituir más pruebas. Uno de los teléfonos celulares secuestrados en el allanamiento es el de Montenegro, hombre de estrecha confianza de Sain.
Según informó el Ministerio Público de la Acusación, «las tareas de los fiscales consistieron en solicitar documental de interés para investigaciones que están llevando a cabo referidas a procesos licitatorios y maniobras ilegales en la recopilación de información».
En cuanto a lo que el MPA describe como «maniobras ilegales en la recopilación de información», en la práctica significa que los fiscales investigan si en áreas del Ministerio de Seguridad al mando de alguno de los funcionarios renunciados se realizaban tareas de espionaje bajo órdenes del ex ministro, en violación de la ley nacional de inteligencia.
Desde el año pasado legisladores de la oposición deslizaron en varias oportunidades, incluso en las sesiones, la sospecha de que en la provincia se estaban realizando tareas de espionaje sobre políticos, periodistas y funcionarios judiciales.
