«Su jubilación superaría los 14 millones de pesos» justifica Graciela Ocaña, la diputada de Juntos por el Cambio, que presentó un recurso de queja ante la Corte por las jubilaciones de privilegio que tiene la ex presidenta, Cristina Fernández. Ocaña pidió al nuevo titular de ANSES, Osvaldo Giordano, que se sume en la iniciativa para actuar como querellantes.
A través de una carta, la diputada explicó todos los motivos a Giordano, que amplían su denuncia. Le solicita que tome medidas administrativas y procesales porque ANSES ha sido irregular los últimos años en este tema. y que debe resguardar sus intereses patrimoniales.
«Cobrará el 1° de enero un retroactivo que sería de 120 millones de pesos, pese a la política de austeridad de Milei, a valores de 2021″, asegura Ocaña.
“Esta situación generó y genera una manifiesta situación de inequidad de la ex vice presidente y el resto de los jubilados sujetos al régimen general y todo ello ha sido consentido por acción u omisión por la anterior administración del organismo”, explica el documento de Ocaña.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, a través del dictamen 43.4160, se le había negado a Cristina Fernández que cobre dos pensiones, una por la ex presidencia y otra por ser viuda de Néstor Kirchner (debía mantener la primera). Cabe aclarar que la ley prohíbe cobrar dos jubilaciones simultáneas. Sin embargo, ella apeló por la segunda (viudez) y en 2020, el juez Pérez Nami ordenó restituírsela y reintegrarle lo retenido por impuesto a las ganancias.
Ocaña denuncia que Fernanda Raverta (ex titular de ANSES) carecía de competencia para realizar dicha sustitución y que violó el código de ética en la función pública. De manera textual, la nota enviada a Giordano explica: “La decisión adoptada por la entonces Directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta resulta nula ya que carecía de competencia para realizar tal acto de disposición (…) constituyó una clara violación al código de ética en la función pública ya que incurrió en claro conflicto de intereses resultando en acto administrativo manifiestamente nulo, renunciando infundadamente a la interposición de la excepción de prescripción”.
Ocaña y compañía ven estos salarios como un privilegio, más que como un derecho dado la brecha que existe entre ellos y las jubilaciones que perciben otros ciudadanos argentinos.
