El gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, ha emitido un comunicado que generó idas y vueltas entre los ciudadanos argentinos. Bajo el lema de «el que corta no cobra» advierten a las personas que cobran planes sociales que si asisten a un piquete, se les cortará este beneficio.
A través de X (Twitter) la cuenta «Oficina del presidente Javier Milei» publicó un video de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, en el que hace la advertencia. Se acompaña de un texto que enumera los principales puntos de la propuesta.
Comienza diciendo «Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo.» Ante esto, no hay objeción porque la Constitución Nacional permite el derecho a la huelga y a circular por todo el país.
Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; (…) de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; (…)
Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; (…) protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
Hay que preguntarse, ¿son excluyentes uno y el otro? Se entiende que en el contexto de Capital Federal, en el que los piquetes son diarios, masivos y hacen perder tiempo a las personas que gastan su vida en viajar muchas horas para llegar al trabajo. Un desgaste físico emocional por el que nadie debería pasar.
El comunicado del Gobierno apunta, además, a los punteros políticos. Les dice «Los que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. Auditaremos a todas las organizaciones que entreguen planes sociales eliminando la intermediación…» Solo eso. El blanco en este caso es el piquetero que cobra el plan, no el puntero cómplice del político.
«A los beneficiarios de planes sociales: sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan. Vamos a eliminar los certificados de presencialidad que tienen las organizaciones sociales. Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle: el que corta no cobra», sigue el comunicado de Pettovello.
En pocas palabras, la persona vulnerable (de la que se abusan por su falta de conocimiento ante el contexto político social y que no está escolarizada y su necesidad más urgente es alimentarse) queda en el medio de una pelea de gigantes.
Por un lado están los punteros, que los obligan a ir a los piquetes por $2. En el otro extremo, un gobierno que amenaza con quitarles un plan. ¿Es necesario jugar con el estómago vacío de una persona?
A su vez, el gobierno les promete mantenerles y aumentarles la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. Fue una política muy cuestionada en la campaña de La Libertad Avanza. No les promete ni condiciones dignas de trabajo, ni ayudarlos a salir de la pobreza con trabajo. Incurren en más asistencialismo: la solución fácil.
Claro, hay que reconocer (el que quiera puede aplaudir) el fragmento que alega «Estamos trabajando para que todos los ciudadanos puedan recuperar el trabajo, la autonomía y por ende la libertad.»
Los beneficiarios de planes sociales pueden denunciar al 134 si le cortan el plan por no asistir a una marcha.
En otro término, prohibir un piquete es inconstitucional. Va en contra de algo que tiene resguardo en la ley suprema de la República. Quien proteste no puede ser condenado como un delincuente ni se puede amenazarlo por hacerlo o no. Repetimos, es inconstitucional. No son enemigos del Estado.
«La fuerza será proporcional a la resistencia» y «El que las hace las paga» había advertido Patricia Bullrich. ¿Es un lenguaje apropiado para una Ministra, que en otro momento supo marchar? ¿Qué pasaría si el que corta la calle es un productor cansado de la carga impositiva? ¿Si La Rural hace un piquete, tendría las mismas consecuencias que los sectores a los que se le recrimina actualmente?
Ni la actitud gubernamental es justificable. Ni hay que darle la mano al puntero millonario que se apropia de los pocos recursos del ciudadano común. Las consecuencias las padecemos los 40 millones y pico de argentinos, mientras unos pocos se siguen favoreciendo.
