El gobierno provincial acaba de anunciar que pagará el 22,4% pendiente a los agentes públicos, que incluye médicos, policías y docentes. Repiten -incansablemente- y como si no quedó en claro que lo hacen «en un contexto de muchas dificultades y con un gran esfuerzo».
Se abonará a partir del 15 de marzo, por planilla complementaria. Este porcentaje se suma al 14% que pagaron en febrero. Ahora se discuten los números del 2024, que apenas se acerca al 7%. Las discusiones se dan con el sector docente porque los médicos no fueron llamados a paritarias.
El gobierno resalta que los sectores recibieron 215% en todo 2023 y que por este motivo cayeron los recursos provinciales, cuyos ingresos fueron apenas del 123%. De acuerdo a las fuentes oficiales, el ejercicio económico del Gobierno Provincial cerró 2023 con un déficit de $ 131.111.688.114. Los gastos corrientes (134,7 %) crecieron por sobre los recursos corrientes (117,8 %), es decir se gastó más de lo que ingresó. Esto implicó que en el resultado económico, el ahorro corriente -diferencia entre gastos corrientes e ingresos corrientes- cayera un 42,7 % en términos nominales, es decir, sin tener en cuenta la desvalorización por inflación.
La pregunta es: ¿por qué resaltan todo el tiempo estos datos? ¿Las malas gestiones políticas es culpa de los docentes, policías y médicos? ¿Por qué se persigue a los trabajadores que reclaman mejoras salariales en una Argentina tan insegura económicamente?
El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que “este aumento otorgado por la anterior gestión y que le tocó asumir a la actual gestión, significa un impacto presupuestario de casi $ 800.000 millones, todo esto en un contexto macroeconómico nacional de ajuste y de poca previsibilidad, que afectan directamente las arcas provinciales”.
