El Gobierno nacional intervino la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) durante 180 días, según lo establece el decreto 720/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Esta medida, que fue oficializada por el Ejecutivo, priva a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) del control de su obra social, apenas semanas después de que la organización sindical había recuperado su gestión tras un prolongado conflicto legal.
La intervención será encabezada por Virginia Montero, quien deberá presentar informes mensuales a la Superintendencia de Servicios de Salud sobre la evolución administrativa y prestacional de la obra social. Según el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Russo, esta decisión se fundamenta en una auditoría que detectó múltiples irregularidades en la administración de OSPRERA.
Entre las deficiencias mencionadas se incluyen problemas de liquidez, un endeudamiento significativo y la falta de cumplimiento en la prestación de servicios a los afiliados.
El decreto también resalta que la situación económica y financiera de OSPRERA es crítica, con un aumento de la deuda prestacional del 63% en los últimos seis meses, además de numerosas demandas judiciales en curso. A esto se suma la insatisfacción de los afiliados, reflejada en los 16.410 reclamos presentados durante la última auditoría social.
El informe también señala deficiencias en la transparencia y en la calidad de la información proporcionada a los beneficiarios, como la falta de detalles sobre la cartilla de prestadores y los coseguros.
En el marco de esta intervención, se revisará la documentación y el cumplimiento normativo de OSPRERA, con el objetivo de garantizar una cobertura de salud adecuada y oportuna para sus afiliados. La medida busca estabilizar la situación de la obra social y asegurar que cumpla con sus obligaciones frente a los trabajadores rurales y estibadores de Argentina.
