En una sesión durante la madrugada, los diputados argentino otorgaron media sanción al proyecto de ley que busca declarar la educación como un «servicio esencial». Lo hace un día después de que terminara el paro de 72 horas de docentes universitarios en todo el país.
La iniciativa recibió 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones. Los votos afirmativos son de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los bloques aliados del oficialismo (MID, CREO, Independencia, Producción y Trabajo, Buenos Aires Libre).
Mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra. Los diputados Daniel Arroyo y Blanca Osuna argumentaron que se deben priorizar otros aspectos, como la nutrición, la falta de inversión, los bajos salarios y las malas condiciones laborales.
«Estamos abordando el problema desde el costado, no desde el centro, en su total dimensión. Argentina tiene que dar vuelta el sistema educativo. Pero es con los docentes y no contra los docentes», argumentó Arroyo.
¿Qué significa que la educación sea un servicio esencial?
Esto implica mantener guardias mínimas en las escuelas cuando haya huelgas docentes, asegurando, así, que los estudiantes continúen con sus actividades educativas pese a los conflictos gremiales. Incluye un servicio de alimentación escolar (los comedores).
Según la iniciativa, si una huelga se extiende entre uno y dos días, deberá implementarse una guardia mínima del 30% del personal docente y no docente. En caso de que el paro supere los tres días, se incrementará la guardia al 50% de la nómina del personal.
Además, se establece que cada institución educativa debe prever e informar, al inicio del ciclo lectivo, el plan de guardias que se activará en caso de medidas de fuerza.
Los legisladores que apoyan el proyecto sostienen que el derecho a la educación debe prevalecer incluso en situaciones de conflicto laboral. Explican que la medida no busca eliminar el derecho a huelga, sino equilibrarlo con el derecho de los estudiantes a recibir educación.
La diputada Carla Carrizo (UCR), una de las autoras del proyecto, insistió en que «esta no es una ley en contra de nadie» y que su propósito es defender los derechos de la infancia, asegurando que los niños no sean utilizados como herramientas en los conflictos entre sindicatos y el gobierno.
En la misma línea, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) afirmó que la iniciativa «reafirma el papel central de los alumnos en la construcción de una sociedad más equitativa».
Próximos Pasos
El proyecto, ahora, debe ser debatido nuevamente en la Cámara de Senadores, donde se espera un intenso encuentro, como lo fue en el Senado. No está prevista la fecha, aún.
