Quien gana más, aporta más: los puntos centrales de la reforma previsional en Santa Fe

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó un ambicioso proyecto de reforma del sistema previsional en la Legislatura, con el objetivo de reducir el creciente déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que se estima alcanzará los 430.000 millones de pesos en 2024.

El proyecto, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno Fabián Bastia, propone declarar la emergencia previsional por un período de dos años, con la opción de extenderla por dos años adicionales.

 

Aspectos Clave de la Reforma

Declaración de Emergencia Previsional: la reforma establece la declaración de emergencia previsional para los próximos dos años, prorrogable por otros dos. Durante este período, se implementará un aporte solidario para los beneficiarios actuales y futuros de la Caja, que oscilará entre el 2% y el 6% dependiendo del monto del beneficio.

Aquellos que reciban más de una prestación deberán realizar el aporte sobre la suma total de sus beneficios, mientras que los jubilados con ingresos inferiores a dos jubilaciones mínimas estarán exentos de esta contribución.

Modificaciones en los Aportes y Tope de Jubilaciones: el proyecto plantea un incremento escalonado en los aportes de los empleados estatales, que actualmente es del 14%. Con la nueva normativa, los aportes variarán entre el 15,5% y el 21% en función de los ingresos percibidos, aplicándose tanto a trabajadores como a funcionarios de los tres poderes del Estado.

Además, se introduce un tope para las jubilaciones, limitando los beneficios a un máximo de 20 jubilaciones mínimas, frente a las 32 que algunos beneficiarios perciben actualmente.

Régimen Docente y Policial: para los docentes, se establece que podrán acceder a la jubilación a los 60 años con 30 años de servicio, mientras que aquellos que hayan trabajado 30 años exclusivamente frente al aula y cumplan 57 años también podrán jubilarse bajo ciertas condiciones.

En el caso del personal policial y penitenciario, los aportes variarán entre el 17% y el 20% de la remuneración, según el cargo y la institución.

Disposiciones Transitorias: algunas disposiciones establecen que los trámites de jubilación en curso al momento de publicarse la ley en el Boletín Oficial, serán analizados por la Caja y, en caso de obtener dictamen favorable, podrán acceder al beneficio conforme el régimen anterior.

Mientras, aquellos trámites que contarán con dictamen favorable y fueron paralizados por voluntad del beneficiario por más de 6 meses, accederán al beneficio con el régimen jurídico vigente al momento del cese de la prestación de servicios.

Otro de los puntos destacados de la reforma establece que, en caso de que el Estado Nacional aumente las edades para acceder a los beneficios jubilatorios, se habilita al Poder Ejecutivo provincial a incrementarlas hasta llegar a las mismas edades, debiendo a su vez determinar la gradualidad de su implementación.

 

Objetivo de la Reforma

El propósito central de la reforma es estabilizar y reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones, deteniendo la curva ascendente que ha caracterizado la situación financiera del sistema previsional en los últimos años.

Se espera que, en el primer año de implementación, la reforma logre disminuir el déficit entre un 25% y un 30%, estableciendo las bases para una sostenibilidad a largo plazo.

La reforma no solo busca un equilibrio financiero, sino que también apunta a introducir mayor equidad en el sistema, asegurando que aquellos con mayores ingresos contribuyan proporcionalmente más y limitando los beneficios extraordinarios que actualmente existen.

 

Basta de especulaciones en el Poder Judicial

Además, el gobierno provincial incluyó una cláusula específica, que tiene como objetivo frenar la especulación dentro del Poder Judicial. Esta medida afecta a los jueces que, a pesar de haber iniciado sus trámites jubilatorios, continúan en sus funciones, aprovechándose del actual régimen más beneficioso (del salario activo).

La nueva disposición exige que estos magistrados se retiren antes de que la ley entre en vigor; de lo contrario, deberán someterse al nuevo régimen, menos ventajoso en términos de aportes y beneficios.

El ministro de Gobierno, Fabián Bastía, explicó que esta medida busca garantizar la equidad en el sistema previsional y evitar que los jueces especulen con sus jubilaciones para obtener mayores beneficios. La intención es corregir distorsiones y asegurar la sostenibilidad del sistema, evitando que aquellos en posiciones de poder utilicen lagunas legales para obtener ventajas sobre el resto de los trabajadores.