En un reciente comunicado, AMSAFE manifestó su rechazo frente a las políticas que «amenazan la estabilidad y el financiamiento» de los Institutos de Educación Superior en la provincia. El gremio subrayó sobre el impacto que estas decisiones podrían tener porque afectan «el acceso y la permanencia de miles de jóvenes que aspiran a formarse como profesionales».
Asimismo, señalaron que «debilitar los institutos va en contra de los principios de igualdad y justicia social, dejando en claro que el ajuste no puede pasar por la educación».
¿De qué se tratan las políticas que propone el gobierno?
El gobierno envió reformas de una semana a otra (lo hizo la semana pasada y los Institutos tienen tiempo de responder hasta este viernes) que implican una reconstrucción de los planes de estudio y de la formación docente y los animan a presentar proyectos para financiar.
Una de las políticas resistidas son los nuevos «Lineamientos Curriculares para la Formación Docente Inicial», una resolución que reemplaza la normativa anterior (24/07) y que impone una visión tecnocrática de la educación. En otras palabras, se evaluará a los docentes de manera cuantificable (según sus notas numéricas) y comprobable.
AMSAFE advierte que se tendrán en cuenta las capacidades profesionales, solamente, y no el contexto educativo de manera general. «No integra la dimensión curricular con la organización del trabajo docente ni con las condiciones institucionales, y no toma en cuenta las actuales dificultades laborales y económicas que atraviesan tanto los docentes como las instituciones formadoras», comenta el comunicado.
En conjunción con este lineamiento, otro de los avances es la creación de un “Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación de la Formación Docente”, algo que ya se implementó en los 90. ¿Qué se pretende? Evaluar a los institutos y a los docentes, de manera cuantitativa.
Este sistema buscaba garantizar que los futuros docentes cumplieran con ciertos estándares de calidad, en un contexto de creciente centralización y homogeneización de los contenidos educativos.
En palabras de AMSAFE, la educación pública y gratuita es un derecho fundamental que no debe ser condicionado por «intereses económicos o ajustes presupuestarios». El comunicado reitera que la educación superior debe seguir siendo un espacio accesible para todos.
La situación de las escuelas técnicas
AMSAFE sostiene que el Presupuesto 2025 presentado por el gobierno Nacional significará una pérdida del valor real del 50% para los programas educativos con respecto a lo destinado en el año 2023. Esta iniciativa suspende el Artículo 52º de la Ley 26.058, anulando cualquier tipo de financiamiento para la Educación Técnica.
Este proyecto de ley que pretende dejar sin efecto el cumplimiento del artículo 9º de la Ley de Educación Nacional (26.206), de los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (27.614) y del artículo 52º de la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058).
De esta manera el Estado no estará más obligado a brindar los recursos equivalentes al 6% del PBI. Esta medida afecta el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que significa el 0,2% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional.
En este marco los fondos destinados a Infraestructura y el equipamiento de las escuelas técnicas caerán un 69%.
