La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe ha decidido admitir la queja interpuesta por Commodities SA, uno de los principales acreedores de Vicentin S.A.I.C., en el marco del conflicto generado por la homologación del acuerdo preventivo de la compañía agroexportadora.
Esta decisión abre la posibilidad de una revisión del plan de reestructuración presentado por Vicentin, que fue objeto de múltiples impugnaciones por parte de acreedores que consideran injusto el tratamiento recibido en el proceso concursal.
El conflicto
El origen de la disputa se remonta a la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista, que el 6 de marzo de 2024 decidió revocar una sentencia de primera instancia y homologar el acuerdo preventivo propuesto por Vicentin.
Según este plan, la compañía ofreció un pago inicial de 30.000 dólares a los acreedores quirografarios, sin distinción de la magnitud de sus créditos, seguido por pagos a prorrata condicionados a diversas contingencias.
Commodities SA, junto con otros acreedores, impugnó la homologación del acuerdo, argumentando que violaba el principio de par conditio creditorum, un pilar del derecho concursal que exige trato equitativo para todos los acreedores.
La impugnante afirmó que el esquema propuesto por Vicentin favorece desproporcionadamente a aquellos con créditos menores, que recibirían el 100% de sus acreencias, mientras que los acreedores con sumas mayores verían reducidas sus expectativas de cobro a aproximadamente un 15% de sus créditos en un plazo de 12 años.
Alegaciones de Commodities SA
En su recurso, Commodities SA calificó la propuesta de Vicentin como abusiva y contraria a los derechos de los acreedores más afectados. La empresa señaló que el plan de pago favorecía a los acreedores con créditos más pequeños, quienes recibirían la totalidad de sus montos de manera inmediata, mientras que aquellos con créditos mayores debían aceptar una quita significativa y pagos a largo plazo sujetos a condiciones inciertas.
Además, la impugnante criticó la ausencia de un mecanismo de salvataje o cramdown, una alternativa que hubiera permitido a otros interesados presentar ofertas para reestructurar la compañía. Según el recurso, el Grupo Grassi estaba preparando una propuesta superior a la presentada por Vicentin, pero la Cámara de Apelaciones decidió no considerar esta posibilidad, argumentando que la aprobación del acuerdo era la mejor opción para evitar la quiebra.
Decisión de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe consideró que los argumentos presentados por Commodities SA merecen ser examinados con mayor profundidad, especialmente en lo que respecta a la posible inconstitucionalidad de la homologación del acuerdo preventivo.
En su fallo, la Corte señaló que las quejas del acreedor presentan un planteo serio sobre la vulneración del principio de igualdad entre acreedores y la afectación de derechos constitucionales.
La resolución de la Corte no implica un pronunciamiento definitivo sobre la validez del acuerdo preventivo de Vicentin, pero sí permite que el recurso de inconstitucionalidad avance hacia una revisión judicial más exhaustiva. En este sentido, la Corte ordenó la elevación de los autos principales y el trámite correspondiente para continuar con el análisis del caso.
Implicancias del fallo
La decisión de la Corte Suprema representa un nuevo capítulo en la extensa saga del concurso preventivo de Vicentin, una de las empresas agroexportadoras más importantes de Argentina.
Vicentin enfrentó graves dificultades financieras desde diciembre de 2019, cuando anunció la cesación de pagos por una deuda estimada en más de 1.500 millones de dólares. Desde entonces, la compañía ha intentado negociar un acuerdo con sus acreedores para evitar la quiebra, pero las impugnaciones y los desacuerdos sobre la propuesta han prolongado el proceso.
El fallo también tiene importantes repercusiones para los acreedores de Vicentin, muchos de los cuales manifestaron su descontento con el plan de reestructuración. Commodities SA, en particular, ha sido una de las voces más críticas, argumentando que el acuerdo preventivo favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría, y que una quiebra o la apertura de un proceso de cramdown podría resultar en una solución más equitativa.
Mientras la revisión judicial del acuerdo preventivo continúa, el futuro de Vicentin sigue siendo incierto. La empresa, que alguna vez fue un gigante en el sector agroexportador, enfrenta ahora el desafío de mantenerse a flote mientras busca resolver sus compromisos financieros y asegurar su viabilidad a largo plazo.
Próximos pasos
Con la admisión de la queja por parte de la Corte Suprema, el proceso judicial entrará en una nueva fase, en la que se evaluarán los argumentos de ambas partes y se analizará si la homologación del acuerdo preventivo cumplió con los estándares constitucionales y legales.
El fallo final podría determinar el destino de Vicentin, ya sea confirmando el acuerdo preventivo o abriendo la puerta a nuevas opciones, como la quiebra o la reestructuración bajo el régimen de cramdown.
