Patricia Vásquez, diputada bonaerense del Pro, presentó un proyecto para eliminar las fotomultas, sistema de control de tránsito por cámaras que, según ella, tiene un carácter «recaudatorio».
Su propuesta busca establecer una normativa nacional que permita la prescripción de las multas en un plazo razonable y la anulación de aquellas que se emitan sin una correcta.
Esto incluye una revisión de las regulaciones para las fotomultas en rutas y autopistas del país, con la intención de centralizar los criterios para su implementación. Según ella, esto ayudaría a reducir abusos y evitar que los conductores reciban sanciones en tramos donde las velocidades máximas no están claramente indicadas.
Además, Vásquez argumenta que el control automático de velocidad a través de cámaras debe priorizar la seguridad en lugar de generar ingresos, y que las multas deben cumplir con ciertos estándares legales, especialmente en cuanto a señalización.
Sin embargo, la diputada acumula 34 multas por exceso de velocidad y debe cerca de $5,6 millones. ¿Su justificación? Sostiene que estos sistemas benefician a empresas privadas y municipios que administran las cámaras.
