El conflicto entre jueces y fiscales en la Cuarta Circunscripción Judicial de Reconquista escaló tras la denuncia del fiscal regional Rubén Martínez contra el juez Santiago Banegas por presunta animosidad en sus fallos. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ordenó un sumario para investigar los hechos, que también fueron elevados a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial.
El enfrentamiento, que involucra acusaciones de presiones y malos tratos, tuvo su origen en un juicio por abuso sexual contra el abogado Ricardo Degoumois, condenado en primera instancia a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua.
Durante el proceso, surgieron denuncias de extorsión que derivaron en la detención de tres abogados, un hecho que tensó aún más las relaciones entre jueces y fiscales.
Denuncias cruzadas
En medio de este panorama, el juez Banegas acusó al fiscal Martínez de amenazarlo indirectamente para que se apartara de la causa. Según Banegas, el mensaje le fue transmitido a través del juez Gonzalo Basualdo y advertía sobre represalias si no dejaba el caso.
En su defensa, Martínez denunció al juez por «falta de templanza» y «animosidad» contra los fiscales, señalando también dilaciones en los plazos procesales. En este contexto, Banegas habría tratado de «pelotudos» a los fiscales que ordenaron la detención de Degoumois hijo, Ghio y Barrale.
Ambas partes han presentado sus argumentos ante organismos competentes. Banegas, por su parte, reveló en audiencia que su denuncia no avanzó formalmente por temor a un impacto negativo en el sistema judicial y por la supuesta «impunidad» del fiscal regional, quien, según el magistrado, cuenta con respaldo político.
La situación derivó en una denuncia penal presentada por los abogados imputados en la causa de extorsión contra los fiscales Alejandra del Río Ayala, Valentín Hereñú, Georgina Díaz y el propio Martínez. Los acusaron de coacción, abuso de autoridad y otros delitos en el marco del proceso judicial.
En tanto, el juez Banegas autorizó recientemente a los acusados de extorsión a viajar al extranjero, imponiendo una caución de 100 millones de pesos, pese a la oposición de la fiscal Georgina Díaz y la prohibición previa de otro magistrado.
Decisión pendiente de la Legislatura
El auditor general de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai, remitió las actuaciones a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura. Este organismo deberá decidir en los próximos días si interviene en el caso, cuyas implicancias podrían acarrear sanciones severas.
El diputado Emiliano Peralta, integrante de la comisión, advirtió sobre la gravedad institucional del conflicto. «Si las acusaciones son ciertas, es gravísimo; si son falsas, es igualmente grave porque afecta la confianza en el sistema judicial», señaló.
