El Senado de la provincia de Santa Fe aprobó de manera definitiva una ley que prohíbe la designación automática de familiares en puestos estatales tras la jubilación o fallecimiento de un empleado. La medida, que busca garantizar la transparencia en la administración pública y eliminar privilegios heredados, representa un cambio significativo en las reglas de acceso al empleo estatal.
La iniciativa, presentada por la diputada Ximena Sola (Pro), había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados el 29 de noviembre de 2024. Posteriormente, el gobernador Maximiliano Pullaro incluyó su tratamiento en las sesiones extraordinarias, y el Senado la mantuvo en agenda en dos oportunidades hasta su aprobación final.
Un paso hacia la transparencia en el empleo público
Durante la sesión, el senador Felipe Michlig celebró la sanción definitiva de la norma y sostuvo que «este proyecto representa un paso significativo hacia una administración pública más justa y transparente». La ley busca erradicar el nepotismo y garantizar que el acceso a cargos estatales se base en el mérito y no en lazos familiares.
La nueva legislación prohíbe la designación preferencial de familiares directos en cargos públicos cuando un trabajador fallece o se jubila. Este mecanismo, vigente en varios sectores del Estado provincial, permitía que hijos o cónyuges de empleados ingresaran automáticamente a la administración pública sin necesidad de competir en procesos abiertos de selección.
Impacto en los convenios colectivos
Uno de los puntos centrales de la ley es su impacto en los convenios colectivos de trabajo. En organismos como la Empresa Provincial de la Energía (EPE), existían cláusulas que reservaban puestos para familiares directos de empleados. Con la nueva normativa, estos acuerdos deberán adaptarse para eliminar cualquier mecanismo que favorezca la herencia de cargos públicos.
«Este es un mensaje para los santafesinos que reclaman que se terminen ciertos privilegios que atentan contra el mérito, el esfuerzo y la eficiencia en la administración pública», subrayó la diputada Sola.
La implementación de la ley requerirá un período de adecuación, en el cual distintos organismos públicos deberán revisar sus normativas internas para garantizar el cumplimiento de la nueva disposición. Mientras tanto, desde el oficialismo destacan que la medida responde a una demanda social creciente por mayor equidad en la distribución de los empleos estatales.
