El 20 de marzo de 2020, el Gobierno argentino establecía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para contener la propagación del COVID-19. La medida, anunciada por el presidente Alberto Fernández en un mensaje televisado, entró en vigencia a la medianoche y restringió la circulación de personas en todo el país, salvo para actividades esenciales.
La decisión fue tomada luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia y en un contexto de creciente preocupación por la expansión del virus. En Argentina, en ese momento, se registraban 128 casos confirmados y tres fallecidos.
La cuarentena tuvo un impacto profundo en la sociedad y la economía. Se cerraron comercios, escuelas y oficinas, mientras que la actividad industrial y comercial sufrió una fuerte caída. A su vez, se implementaron medidas de asistencia económica como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Con el correr de los meses, el confinamiento se fue flexibilizando en distintas regiones del país, hasta la transición al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) en noviembre de 2020. Sin embargo, el impacto del COVID-19 continuó, con sucesivas olas de contagios y la llegada de la vacunación masiva en 2021.
A cinco años de aquel decreto, la pandemia dejó huellas, con más de 130 mil fallecidos en Argentina y una transformación en la forma de trabajar, educarse y relacionarse.
