La Fiscalía de Delitos Complejos solicitó 120 días de prisión preventiva para cuatro ex directivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Daniel Buyatti y Roberto Gazze. Mientras tanto, al resto de los acusados de integrar una asociación ilícita se les impuso la prohibición de tomar contacto con la empresa o influir en sus decisiones.
Asimismo, los directivos que permanecerán en libertad deberán afrontar cuantiosas cauciones: u$s10 millones en la mayoría de los casos, y u$s15 millones para Javier Gazze y Máximo Padoan. La fiscalía también exigió que los imputados no puedan ocupar cargos ni intervenir en ninguna de las empresas vinculadas a Vicentin, como Oleaginosa San Lorenzo, Algodonera Avellaneda y Terminal Puerto Rosario (TPR), entre otras. Tampoco podrán salir del país.
Un proceso judicial en tensión
La audiencia imputativa se reanudó este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, luego de un inicio marcado por cruces y demoras el día anterior. El debate fue interrumpido a las 20 horas del jueves cuando los jueces decidieron postergar la resolución.
Los investigadores sostienen que los ex directivos continuaron operando dentro de Vicentin incluso después de haber sido reemplazados, afectando el patrimonio de la empresa mediante diversas maniobras. Como resultado, se prevé la ampliación de la denuncia por asociación ilícita presentada en diciembre de 2023.
El fin de semana pasado, en un mega operativo con 20 allanamientos, fueron arrestados en distintas instancias Buyatti, Gazze, Scarel y Macua. La fiscalía los acusa de haber liderado una estructura fraudulenta destinada a ocultar la crisis financiera de la cerealera antes de su default en 2019, engañando a productores y bancos para seguir obteniendo créditos y granos sin intención de devolverlos.
