En la madrugada del sábado 5 de abril de 2025, la tranquilidad de Reconquista se vio sacudida por un crimen brutal: Juan Carlos Martínez, remisero de 65 años, fue asesinado mientras realizaba un viaje solicitado desde la agencia «Cordial», ubicada en calle Ley 1420 al 567.
Su cuerpo fue hallado a las 3:10 en la vía pública, junto al Fiat Siena azul oscuro (dominio MKJ 545) que conducía. El lugar del crimen fue el acceso al Barrio La Cortada, en la intersección de Iriondo y Constituyentes.
Horas después, gracias a cámaras de seguridad, testimonios y un allanamiento, los investigadores identificaron al principal sospechoso: Joaquín Camilo Carrizo, un viejo conocido del sistema judicial santafesino. En su vivienda se secuestraron el cuchillo homicida, el celular robado a la víctima y la ropa utilizada durante el ataque.
Siete horas después del asesinato, mientras era buscado intensamente por la policía, Carrizo fue localizado en la vía pública. Intentó escapar a la carrera, pero fue reducido tras una persecución. El fiscal Juan Carlos Koguc ordenó su detención.
Un historial que anticipaba la tragedia
Lo que más conmociona del caso no es solo la brutalidad del asesinato, sino el prontuario delictivo del detenido. Carrizo fue arrestado al menos trece veces desde su mayoría de edad, por delitos que incluyen robos, hurtos, lesiones graves y ataques con arma blanca.
En noviembre de 2023, tras acumular múltiples causas, logró una condena mínima de solo dos años de prisión condicional, firmada por la jueza Claudia Bressán, a partir de un acuerdo entre el fiscal Nicolás Maglier y el defensor público Orlando Toniolo.
Entre los hechos acumulados en la causa se incluyó un intento de homicidio ocurrido en 2022, cuando Carrizo apuñaló a un hombre en el abdomen y el tórax, dejándolo al borde de la muerte. A pesar de la gravedad, se consideró una «riña».
Tras obtener esa condena con ejecución condicional, Carrizo continuó delinquiendo: ingresó a robar en varias viviendas, atacó a una mujer mientras dormía, y su última detención fue el 24 de marzo de 2025, tras robar un celular en el mismo Barrio La Cortada donde ahora se lo acusa de haber matado a Martínez.
Carrizo pasó solo quince meses en prisión preventiva. El resto del tiempo, estuvo libre. Ahora, la justicia intenta cerrar el círculo en una historia que pudo haberse evitado.
Fuente de información de los hechos: Reconquista Hoy
La inseguridad y las decisiones políticas: Reconquista importa tanto como Rosario
El asesinato ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Reconquista. Recientemente, el Ministerio de Seguridad de la provincia cerró la escuela de policía del ISEP, ubicada en el centro cívico local, y desmanteló dos destacamentos barriales en los barrios América y Virgen de Guadalupe, bajo la excusa de que los policías deben estar en la calle (no están).
Aunque la ciudad de Reconquista tiene una población de 90.000 habitantes, no dispone de más de 15 móviles policiales activos, la misma cantidad que Avellaneda, con apenas 30.000 habitantes.
A esto se suma el reclamo de los vecinos del barrio La Loma, quienes habían presentado antes de la pandemia un proyecto para construir una comisaría. El proyecto fue aprobado, pero nunca se concretó.
El gobernador Maximiliano Pullaro justificó el cierre de los destacamentos como una «decisión política». Pero los hechos recientes demuestran que esa decisión tiene consecuencias. La provincia no es solo Rosario. Aunque entendamos el nivel de violencia que se vive allí, no hay por qué desproteger a las demás ciudades.
“Puerta giratoria”: entre leyes flexibles y fallos cuestionables
La historia de Carrizo pone en evidencia una debilidad estructural del sistema penal argentino, especialmente en su aplicación en las provincias. Casos como el suyo se encuadran en lo que la opinión pública denomina “puerta giratoria”: delincuentes que entran y salen del sistema sin cumplir condenas efectivas, incluso tras múltiples reincidencias.
Ante esta problemática, el Congreso de la Nación sancionó recientemente una serie de reformas para endurecer el régimen de prisión preventiva y limitar el otorgamiento de libertades condicionales.
Se introdujo la reincidencia ficta, que permite computar condenas condicionales como antecedentes válidos para negar la libertad condicional, y también la figura de la reiterancia, que habilita la prisión preventiva si un imputado acumula varias causas en trámite.
Aunque estas medidas son de aplicación federal, provincias como Santa Fe comenzaron a incorporar criterios similares en sus códigos procesales, incluyendo la «peligrosidad procesal» como causal de detención preventiva. Pero, en la práctica, los resultados aún son desiguales.
El caso de Carrizo refleja cómo un entramado de decisiones fiscales, acuerdos judiciales y una aplicación laxa de la ley facilitó la impunidad de un delincuente que, pese a todo, estaba libre. Hasta que una vida inocente se perdió.
¿Reforma constitucional y justicia penal?
En el marco del debate por la inseguridad y la impunidad, vale preguntarse si la reforma de la Constitución de Santa Fe contempla alguna medida en relación con figuras penales como la reincidencia o la reiterancia, claves para evitar la llamada “puerta giratoria”.
Sin embargo, en el listado de los 42 artículos que podrán ser modificados en el actual proceso de reforma constitucional no se hallaron propuestas específicas vinculadas con estas problemáticas.
Las reformas están centradas en cuestiones como la reelección de gobernador, la limitación de reelecciones, la autonomía municipal, el sistema electoral y otros aspectos institucionales.
Aunque la reincidencia está regulada por el Código Penal nacional (artículo 50), y la reiterancia fue incorporada recientemente al Código Procesal Penal Federal, su aplicación en cada provincia depende de las legislaciones locales.
En Santa Fe, ya se han realizado reformas al Código Procesal Penal para incorporar el concepto de «reiterancia» como criterio para dictar prisión preventiva, pero no se contempla por ahora incluir estos conceptos dentro del texto constitucional.
Así, cualquier avance en ese sentido deberá seguir discutiéndose en el ámbito legislativo, fuera de la actual convención constituyente.
Una ciudad que reclama respuestas
El asesinato de Juan Carlos Martínez no es solo un hecho policial. Es un síntoma. Una ciudad desprotegida, una justicia que no llega a tiempo, un Estado que reduce su presencia territorial y una sociedad que vive con miedo. Mientras las reformas legales buscan cerrar las puertas giratorias, los ciudadanos esperan algo más urgente: prevención, presencia policial, y justicia efectiva.
Porque ninguna reforma servirá si los mismos actores que deben aplicarla —fiscales, jueces, y defensores— no comprenden la magnitud del daño que produce cada decisión liviana. Y ninguna ley bastará si, como en este caso, un asesino camina libre hasta que es demasiado tarde.