La empresa Vicentin SAIC informó este domingo a sus trabajadores la paralización total de sus plantas y la imposibilidad de abonar los salarios correspondientes al mes de marzo. La decisión se enmarca en un contexto de “circunstancias extraordinarias” que, según señalaron desde la compañía, afectaron su capacidad de operación normal desde hace varios meses.
En un comunicado difundido por el Directorio, la firma responsabilizó a recientes decisiones judiciales por haber agravado la incertidumbre entre clientes y proveedores, lo que provocó demoras y cancelaciones en los suministros necesarios para continuar con las actividades.
“Esto ha tenido un impacto directo en nuestras operaciones y también en nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones económicas más esenciales”, señalaron.
La medida de paralizar todas las plantas busca —según la empresa— “la protección de los activos”, con el objetivo de facilitar una futura reactivación cuando las condiciones lo permitan. No obstante, el impacto inmediato recae sobre los trabajadores, que no percibirán sus haberes de marzo.
La planta de Ricardone, que venía operando con procesamiento de girasol, cuenta con aproximadamente 1050 trabajadores, mientras que en la sede de Avellaneda, dedicada a la producción de bioetanol, se desempeñan cerca de 200 empleados.
La preocupación crece en Avellaneda y Reconquista, donde Vicentin es un actor económico central. Además de sus plantas aceiteras, el grupo controla firmas como el frigorífico, la textil Bullón y Algodonera Avellaneda —en concurso desde febrero—. Aquí emplea a unos 3500 trabajadores directos y, sumando los empleos indirectos, el impacto económico podría triplicarse.
La crisis de Vicentin se profundiza tras las resoluciones judiciales del pasado 28 de marzo, cuando el juez Nicolás Foppiani dictó prisión preventiva para varios exdirectivos de la firma, en el marco de una causa por presunta estafa y defraudación.
Además, se establecieron millonarias cauciones para los imputados, mientras continúa la investigación por maniobras financieras irregulares que habrían perjudicado al Estado nacional, entidades bancarias y productores agropecuarios.
En la carta, el Directorio reconoció el “impacto emocional y económico” que atraviesan los empleados y ratificó su compromiso con el futuro de la empresa. Aseguraron que mantienen “diálogo permanente” con distintos actores para lograr una eventual regularización de la situación.
Por ahora, el panorama es incierto y la reactivación dependerá del desenlace judicial, las condiciones del mercado y las decisiones que adopten los actuales responsables de la compañía.
